Quienes suscribimos esta comunicación,  miembros del personal de salud que labora en servicios oncológicos de la red hospitalaria pública nacional;  pacientes oncológicos  y sus familiares atendidos en estos servicios; profesionales de la salud que desempeñamos actividades asistenciales, docentes o de investigación, tanto en el sector público como privado en instituciones educativas o de salud y miembros de organizaciones no gubernamentales  dedicadas a la defensa del derecho a la salud, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar:

1. El cáncer es uno de los problemas de salud más importantes en Venezuela.  Más de 50.000 casos nuevos se producen anualmente (sin tomar en cuenta los cánceres de la piel diferentes a melanomas) y más de 22.000 fallecen.(1) Entre las causas de muerte natural, el cáncer ocupa la segunda posición luego de las enfermedades de corazón. El aumento de la esperanza de vida se acompaña del envejecimiento de la población y con ello el incremento de enfermedades crónicas  no transmisibles y degenerativas, incluidas todas las formas de cáncer.

2. Este problema no está siendo atendido de manera efectiva y suficiente en Venezuela, mediante medidas de promoción de conductas saludables, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Las cifras de los indicadores epidemiológicos de afectados y fallecidos continúan aumentando.Numerosas fallas afectan al Programa Nacional de Cáncer del MPPS en la aplicación de estrategias de salud pública efectivas. Algunos datos fueron recogidos en el informe de septiembre de 2013, de la prensa nacional y por informes parciales de expertos en el tratamiento y diseño de políticas de salud que anexamos en este documento.(1,2,3)No disponemos de un informe oficial pormenorizado y actualizado del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer ni del diseño, planificación y organización  del Instituto Nacional de Cáncer que tendría la responsabilidad de coordinar el programa a partir de 2012. (3). Los datos epidemiológicos descriptivos más recientemente publicados, corresponden al año 2010. (4)

3. A pesar de ser un problema de salud claramente reconocido,(5)los reclamos de la población, de los pacientes y sus familiares que sufren esta terrible enfermedad, no han sido oportuna y eficientemente atendidos. La insatisfacción y los reclamos por los servicios prestados en los establecimientos del sistema público de salud van en aumento e indican la existencia de barreras geográficas, económicas y estructurales del sistema de salud que impiden la cobertura y la universalidad de los servicios eficientes y de calidad, por lo que el Gobierno Nacional no está garantizando las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de las personas expuestas al riesgo de cáncer o que padecen de la enfermedad; derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 83 y 84.

4. Por esa razón, la denuncia de esta situación que elevamos a la Fiscalía General de la Nación en septiembre de 2013, (6) perseguía el propósito de corregir y subsanar las fallas identificadas del Programa Nacional de Cáncer, con la exigencia de que se garantizara el ejercicio del derecho  la salud por parte de las instituciones a quienes compete; se evalué la situación actual de desatención de los pacientes con cáncer y se establezcan responsabilidades a los funcionarios que por omisión o comisión, hayan contribuido con sus actuaciones, a impedir sin justificación alguna, el derecho oportuno, pleno y efectivo, a la salud de las personas afectadas por cáncer. Hasta este momento la Fiscalía General de la República no ha dado respuesta a la denuncia.

5. La decisión del nuevo ministro de salud de contratar los servicios de mantenimiento y reparación de las numerosas unidades de radioterapia de la Red de Centros Públicos que se encuentran dañados, o no operativos, es una decisión tardía y parcial que no subsana las graves carencias de atención de los pacientes con cáncer en los establecimientos públicos de salud, cuyo enfoque amplio incluye: fallas en los procedimientos diagnósticos (laboratorio general, despistaje mediante citología, imágenes e isótopos y laboratorios de Anatomía Patológica para el procesamiento de biopsias), además, la escasa dotación de insumos y personal de los servicios asistenciales de hospitalización, las carencias de tratamiento quirúrgico, tratamiento mediante fármacos de quimioterapia y otras modalidades terapéuticas; así mismo, la limitada disponibilidad de servicios de apoyo y tratamiento paliativo. Los servicios antes mencionados,mediante acciones integradas, podrán reducir la carga de la enfermedad, gracias al el diagnóstico precoz, el tratamiento efectivo y oportuno y la reducción del sufrimiento de las personas, como bien señala para alcanzar sus objetivos la Declaración Mundial de Cáncer.(7)

Por estas razones exigimos al MPPS:
1.      La reorganización urgente del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer.

2.   La ejecución del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncera cargo del Instituto Nacional de Cáncer ofrecido en 2012 y aún no cumplido.

3.  La participación de la Academia Nacional de Medicina, las Universidades Nacionales, las Sociedades Científicas y las Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a los pacientes con cáncer, en la planificación, diseño, organización, gestión, evaluación y auditoría del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer.

4.   Así mismo, reiteramos la denuncia y las peticiones presentadas a la Fiscalía General de la República y solicitamos a la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo inicien con urgencia las actuaciones en los ámbitos de sus competencias para proteger la salud y la vida de las personas afectadas con cáncer y restablecer la óptima operatividad de los servicios oncológicos.

Además, establecer si las actuaciones de las ministras de Salud: Eugenia Sader e Isabel Iturria, contribuyeron a afectar el derecho a la salud de los pacientes oncológicos. Reiteramos la solicitud de inspeccionar los diferentes servicios oncológicos de la Red Pública Nacional de Oncología y realizar un diagnóstico de la magnitud de la violación del derecho a la salud y a la vida de los pacientes que dejaron de recibir diagnóstico y tratamiento oportuno; e interponer las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran haber sufrido los pacientes con cáncer con motivo del mal funcionamiento de centros oncológicos.

Además, investigar y ejercer ante los tribunales competentes, las acciones a que hubiere lugar con ocasión a la presunta violación del derecho a la salud por parte de funcionarios públicos; e instar al Consejo Moral Republicano y en especial a la Defensoría del Pueblo, para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios que resultaren responsables de la violación o menoscabo del derecho a la salud de los pacientes oncológicos, como consecuencia del funcionamiento inadecuado de los servicios oncológicos de la Red Pública Nacional.

Fuente: analítica